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CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA, 2012 abril 17, Rol 128-2012

 

Recurso de Nulidad

 

Penal, Robo con Violencia, Convicción del Juez, Artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, Artículo 297 del Código Procesal Penal, Articulo 342 letra c) del Código Procesal Penal

 

Esta Corte estima que la fundamentación que apoya la valoración de la prueba realizada por el tribunal oral no permite justificar la sentencia condenatoria de los inculpados y por lo tanto, que el vicio alegado por la recurrente aparece revestido de la relevancia suficiente para acoger la nulidad procesal del juicio oral y de la sentencia respectiva, basada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en relación con el artículo 342 letra c) del referido código.

 

PROCESAL PENAL

 

Valdivia, diecisiete de abril de dos mil doce.

 

Vistos:

 

Don Cristóbal Ogaz Castro, Defensor Penal Público de Valdivia, en representación de los imputados y condenados Carlos Opazo Estrada y Amador San Martín Sierra, en causa RIT 102–2011, RUC 1000634520–K, seguida por el delito de robo con violencia, interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva del Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad, de fecha 9 de marzo, que condenó a sus representados a la pena de cinco años y un día y al pago de las costas del procedimiento, en calidad de autores del delito consumado de robo con violencia previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 1º, en relación con el artículo 432 del Código Penal. Funda su recurso en la causal prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, toda vez que se ha omitido en la sentencia algunos de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c) en relación con el artículo 297 incisos 2º y 3º del señalado código, solicitando, en definitiva, que se deje sin efecto tanto la sentencia impugnada como el juicio oral, debiéndose determinar el estado en que hubiere de quedar el procedimiento para que los autos sean remitidos a tribunal no inhabilitado ante el que se debiera realizar un nuevo juicio oral.

 

Señala el recurrente de nulidad que en este caso no se logró acreditar de manera conforme con el parámetro legal la participación culpable de sus representados, errando el tribunal al considerar que puede apreciar la prueba con libertad, tal como señala en su considerando noveno. En este sentido, indica que el tribunal incurrió en una grave infracción al deber de fundamentación exigido por el artículo 297 del Código Procesal Penal al desechar las razones entregadas por los imputados que explicaban su detención por Carabineros sin explicar los motivos que tuvo en cuenta para tal exclusión. Se apoya, en esta parte, en el voto de minoría del fallo cuya anulación solicita. El recurrente termina su presentación destacando el rol que juega la exigencia de fundamentación de la sentencia como parte integrante del debido proceso.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero: Que el recurso de nulidad deducido en los autos por el Fiscal del Ministerio Público pretende la anulación de la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, y subsecuentemente, del juicio, por estimar que en dicho fallo se omitieron algunos de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c) y 297, ambos del Código Procesal Penal, en directa relación con lo dispuesto en el artículo 374 letra e) del referido texto legal. Es decir, se invoca un vicio que afectaría a la prueba rendida en el juicio oral y a la valoración de la misma hecha por el tribunal para arribar a su decisión.

 

Segundo: Que analizado el fallo impugnado desde el punto de vista de la causal alegada, esta Corte estima que resulta necesario hacer una distinción. Por una parte y en cuanto a la exposición de los hechos y circunstancias que se dieron por probadas, favorables o desfavorables al acusado, no se aprecia que la sentencia falte a la exigencia de ser clara, lógica y completa impuesta por el articulo 342 letra c) del Código Procesal Penal. En este sentido, el tribunal oral efectivamente se hace cargo de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, según lo prescrito en el artículo 297 inciso segundo del referido código. Sin embargo, y en cuanto a la fundamentación de sus conclusiones y la exigencia de que la misma permita "la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia" establecida por el inciso final del mencionado artículo 297, la sentencia pierde solidez por las razones que se expondrán a continuación.

 

Tercero: En relación con la participación de los acusados Opazo Estrada y San Martín Sierra, el fallo recurrido hace primar la declaración de la víctima por sobre la de los primeros al concluir que "es posible deducir lógicamente que los acusados han participado activamente en la comisión del delito en estudio. En efecto, la secuencia de hechos planteados, no permite establecer una explicación diversa que resulte razonable, especialmente considerando el breve tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho hasta la detención de los encartados. Tal circunstancia unida a las demás explicitadas en las motivaciones que anteceden, y ante la ausencia de prueba en contrario, conforma prueba directa y resulta suficiente para acreditar la intervención en el suceso y descartar la versión entregado por los acusados, pues de las pruebas analizadas, permiten establecer la efectividad de la agresión sufrida por la víctima y en la forma en que fue ejercida, como una forma de coaccionar violentamente al sujeto pasivo a fin de concretar el delito de robo." Sin embargo, de la lectura de la prueba rendida en autos surge que existe una explicación diversa de los hechos y es la que prestan los inculpados quienes aceptando su presencia en las cercanías del lugar en que se perpetró el delito niegan, sin embargo, haber tenido participación en él. Para resolver esta contradicción a favor de la víctima, esta Corte estima que la versión de esta última en cuanto a la participación de los inculpados tendría que haber estado revestida de una precisión y contundencia de la que carece. El voto de minoría alude a los escasos datos de incriminación posibles de extraer de la declaración de la víctima, aludiendo a las descripciones generales y comunes de las características físicas y de vestimenta de los delincuentes, el escaso nivel de contacto visual mantenido entre víctima y victimarios y la mínima duración de los hechos.

 

Cuarto: A lo anterior se unen las dudas que la fundamentación del tribunal oral sobre el hálito alcohólico de los inculpados deja sin resolver. Igual cosa ocurre con la ausencia de efectos del delito en poder de los inculpados y del arma blanca supuestamente utilizados para la comisión del mismo.

 

Quinto: Por otra parte, resalta el hecho que la única testigo de lo acontecido, la polola de la víctima, no haya podido corroborar la versión de éste en cuanto al reconocimiento de los imputados Opazo Estrada y San Martín Sierra.

 

Sexto: En el proceso penal, el umbral de convicción al que debe llegar al juez para condenar es alto. Si la prueba incriminatoria se reduce al relato de la víctima, apoyada por los funcionarios que procedieron a la detención de los inculpados, entonces la exigencia de máxima coherencia se hace indispensable para que el juez pueda desechar cualquier duda razonable partiendo de la presunción de inocencia que ampara a los acusados. En el presente caso, esta Corte estima que la fundamentación que apoya la valoración de la prueba realizada por el tribunal oral no permite justificar la sentencia condenatoria de los inculpados y por lo tanto, que el vicio alegado por la recurrente aparece revestido de la relevancia suficiente para acoger la nulidad procesal del juicio oral y de la sentencia respectiva, basada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en relación con el artículo 342 letra c) del referido código.

 

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 372, 374 letra e) y 376 a 386 del Código Procesal Penal,

 

SE ACOGE el recurso de nulidad interpuesto por el Defensor Penal Público, don Cristóbal Ogaz Castro, en representación de los imputados por el delito de robo con violencia don Carlos Opazo Estrada y don Amador San Martín Sierra, en contra de la sentencia definitiva del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, de fecha nueve de marzo de dos mil doce, que los condenó a una pena de cinco años y un día y al pago de las costas del procedimiento, en calidad de autores del delito consumado de robo con violencia previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 1º, en relación con el artículo 432 del Código Penal, y se declara que se anula dicho fallo y el juicio oral de que es objeto bajo el RIT 102–2011, RUC 1000634520–K, debiendo la causa retrotraerse al estado de celebrarse una nueva audiencia ante el tribunal oral en lo penal competente y no inhabilitado que corresponda.

 

Regístrese y comuníquese.

 

Redacción de la Abogada Integrante doña Susan Turner Saelzer.

 

Rol Nº 128–2012.

 

Pronunciada por la SEGUNDA SALA, por la Ministra Srta. RUBY ALVEAR MIRANDA, Ministra Sra. GABRIELA LORETO CODDOU BRAGA, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y Acuerdo del fallo, por encontrarse en curso en la Academia Judicial y Abogado Integrante Sra. SUSAN TURNER SAELZER.– Autoriza el Secretario Subrogante Sr. FUAD SALMAN GASALY.–

 

Valdivia, diecisiete de Abril del dos mil doce, notifiqué por el ESTADO DIARIO la resolución precedente.

 

Certifico: Que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Valdivia, 17 de Abril del 2012.–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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